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NOTICIA

ARTÍCULO DE OPINIÓN

DR. OSVALDO VALLEJOS

16-12-2015 | Copete: Artículo de opinión.
Titular: El poder de policía Municipal y el Poder de Policía Matricular. Puntos de contactos y finalidades comunes.
Luego de la Revolución Francesa de 1789,  la Declaración de los Derechos del Hombre, dispuso que: “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro; de modo que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos”. (Alberto Bianchi, “Constitución y Administración”, El Derecho, diario del 18/8/2004). En general, el poder de policía es —según Miguel S. Marienhoff — “una potestad reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los derechos constitucionales de los habitantes. Dicho poder, dadas las limitaciones que apareja en la esfera jurídica de los habitantes del país, es una atribución perteneciente al órgano legislativo de gobierno, único con competencia para establecer tales limitaciones”. El poder de policía —explícitamente consagrado en el artículo 75 inciso 30 de la Constitucional Nacional, luego de la reforma de 1994— corresponde tanto al gobierno federal, como a las provincias, municipios y Ciudad autónoma de Buenos Aires,  tiene su base en el artículo 14 y las limitaciones prescriptas en los artículos 28 y 19 de la Constitución nacional y con respeto de la teoría de la “razonabilidad” acuñada por nuestra Corte Suprema de Justicia. En un fallo la Corte Suprema  ha dicho: La administración, el gobierno o el régimen municipal que los constituyentes recocieron como esencial base de la organización política argentina al consagrarlo como requisito de la autonomía provincial (artículo 5º) consiste en la administración de aquellas materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular sin que afecte directamente a la nación en su conjunto y, por lo tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etcétera de la Comuna y del poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones de las mismas, pues aquéllas sin estas son propias de la moral y no del derecho. El Poder de Policía Edilicio, que ejerce cada Municipio, lleva necesariamente al dictado de normas que regulen todas las obras o construcciones edilicias, públicas o privadas,  y el cumplimiento de requisitos que deban cumplimentar para su habilitación, con independencia del resto de la normativa provincial y nacional aplicables. La obras clandestinas, entendida como aquellas que se ejecutan sin los permisos municipales correspondiente o si un profesional o técnico idóneo, provocan consecuencias urbanísticas, ecológicas, demográficas, sociales culturales desastrosas, que ponen en peligro la salud, la salubridad y el bienestar, presente y futura, de la comunidad en general.  Los distintos organismos que componen los Municipios de toda la provincia deben activar mecanismos que fomenten la adopción de conductas socialmente responsables, teniendo en cuenta el impacto medioambiental, especialmente sus efectos positivos y negativos, directos e indirectos, mediatos e inmediatos, permanentes o transitorios, de obras o construcciones de cualquier clase; y  los cambios urbanísticos que provocarán en su jurisdicción y zonas de influencia.  Por ello, es fundamental tener en cuenta todo el ordenamiento jurídico de Estado, entre ellas las que por delegación de propio Estado regulan el funcionamiento de las profesiones técnicas, ingenieros, arquitectos, agrimensores, etc que constituyen la garantía para que cualquier construcción se realice con fundamentos teóricos y prácticos acordes  su  competencia y capacitación profesional específica.   Así,  el artículo 1º del Decreto Ley Nº 3.268/57 establece: “El ejercicio de las profesiones de Ingeniero en todas sus especialidades (excepto Ingeniero Agrónomo), Arquitecto, Agrimensor, Técnico o Perito, en sus diversas especialidades, dentro del territorio de la Provincia, queda sujeto a las disposiciones del presente Decreto y a las disposiciones reglamentarias que se dicten en lo sucesivo.” El art. 2 de la norma establece que para el ejercicio de las profesiones mencionadas, se requiere: a) Poseer título habilitante expedido por autoridad competente; b) Estar inscripto en la matrícula anual a cargo del Consejo Profesional. No basta, en consecuencia,  para ejercer algunas de las profesiones mencionadas poseer el título, sino que los mismos deben estar matriculados y habilitados por la autoridad competente, esto es, el CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y AGRIMENSURA  DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES. En resumen, el Decreto Ley Nº 3.268/57 faculta al Consejo Profesional a: 1) otorgar  y controlar la matrícula; 2) ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados; 3) dictar las normas de ética profesional que inexcusablemente deben observar los matriculados; 4) aplicar las sanciones que aseguren su acatamiento y el control del efectivo cumplimiento de las sanciones disciplinarias impuestas; 5) se encuentra investido de la legitimación procesal para ejercitar la acción pública; etc. El Decreto Ley Nº 3268/57 faculto a nuestra entidad a dictarse sus Estatutos y Reglamentos, entre ellos, la ley arancelaria: El Decreto Nº 1734/70. Este Decreto, en su artículo 12 prescribe:   “A partir de los 15 (quince) días de la fecha de la promulgación del presente Arancel, todas las oficinas públicas, ya sean nacionales, provinciales o municipales, no darán curso a los trámites de aprobación, visación e inscripción de planos, proyectos, tasaciones, peritajes, informes técnicos, mensuras, etc., en la rama de la Ingeniería, Agrimensura o Arquitectura, sin la previa presentación de la constancia extendida por el Consejo Profesional del cumplimiento del presente Arancel.  La aplicación de este artículo es condición legalmente obligatoria, necesaria e imprescindible  para iniciar cualquier trámite ante cualquier Municipio de la Provincia de Corrientes, siendo que cualquier Municipio es parte inseparable e indestructible de la Provincia de Corrientes, y sus poderes y gobierno se rigen bajo los principios democráticos, representativos y republicanos que establece la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Corrientes y son consecuentes, además, los derechos, declaraciones y garantías en ellas contenidas las diferentes Cartas Orgánicas dictadas a partir del año 1994.  La inobservancia de esta obligación genera consecuencias funestas para toda la sociedad, evitables, en gran medida, cumpliendo y haciendo cumplir la ley a rajatablas, sin excepciones ni privilegios; haciendo conjugar  en forma razonable y armónica el poder de policía edilicio y el poder de policía matricular.  
 
Dr. Osvaldo Vallejos
Asesor Letrado CPIAyA

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Autor: CPIAyA



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